Durante muchos años, y especialmente a partir de la década de los 80, los españoles consideraron que el alquiler de vivienda era una pérdida de dinero, mientras que la compra de un inmueble y la posibilidad de convertirse en propietarios era la mejor opción en el mercado de vivienda para aquellos que se lo podían permitir.
Esta tendencia ha cambiado y, actualmente, el mercado de alquiler de vivienda está ganando muchos adeptos. De hecho, dos de cada tres nuevos hogares se decantan por el segmento de arrendamiento, según un estudio de la gestora inmobiliaria Anticipa Real Estate.
¿Regular el mercado de vivienda por la subida de precios?
Este nuevo paradigma se da en un país con poco parque de vivienda en alquiler, lo que ha provocado que, en grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona o San Sebastián, donde la demanda de arrendamiento ha crecido exponencialmente, el acceso a este segmento de vivienda esté generando ciertas dificultades, principalmente en la subida de precios.
Esta situación de escasez de oferta y alta demanda ha generado descontento entre la población, que se ha organizado en distintos colectivos sociales para trasladar sus quejas a las instituciones públicas y privadas.
Sector público y actores privados para ampliar el parque de viviendas
Desde el sector inmobiliario reconocen la existencia de este problema y abogan por el diálogo entre el sector público y los actores privados, pero remarcan que las medidas intervencionistas propuestas por algunas instituciones y partidos políticos podrían tener consecuencias contrarias a las deseadas.
Como apunta la CEO de la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman, Anna Gener, “en España hay una oferta de vivienda protegida y social insuficiente”.
En su opinión, se ha invertido muy poco en esta tipología de vivienda y ahora las instituciones trasladan la presión al mercado libre inmobiliario, cuando el problema de raíz reside en la poca inversión de las instituciones públicas.
Gener aboga por la cooperación para ampliar el parque de viviendas, implicando al sector como parte de la solución y no señalándolo como origen del problema.
Los estudios respaldan la regulación del mercado inmobiliario
El informe ‘Gestión híbrida de la vivienda social. Estudio comparando España-Holanda’, realizado por la Fundación Alternativas, pone de manifiesto que en España solo un 2% del parque inmobiliario está destinado a alquileres sociales, mientras que en otros países de la comunidad europea como Holanda es de hasta un 32%.
Fuente: Informe ‘Gestión híbrida de la vivienda social. Estudio comparando España-Holanda’
Actualmente, la vivienda de protección en alquiler se ha convertido en una alternativa residual y poco promovida, sobre todo porque requiere de financiación pública para su promoción.
Asimismo, esta tipología de vivienda conlleva una importante gestión y mantenimiento y suele construirse en barrios generalmente conflictivos, lo que dificulta la sostenibilidad del modelo.
En contraposición, el modelo holandés, mucho más desarrollado, cuenta desde hace décadas con un parque de viviendas más extenso. Han conseguido mantener un equilibrio entre vivienda social y privada.
En este país, el beneficio de las operaciones comerciales se reinvierte en el parque de vivienda social, consiguiendo así incluso mejoras de componente social, ya que en los mismos barrios conviven habitantes del parque de vivienda social y inquilinos o propietarios de vivienda privada.
Medidas políticas para la regulación de viviendas
En España, el escenario es bien distinto. Las medidas planteadas para los años 2018-2021 por parte del Ministerio de Fomento están destinadas a paliar los efectos de la crisis económica.
Una de ellas es contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de una vivienda protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios, así como facilitar a los jóvenes el acceso a un alquiler asequible.
La ayuda a la conservación de edificios históricos o la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de las construcciones son otras de las propuestas del Gobierno central.
Sin embargo, el parque de vivienda público en alquiler sigue siendo una asignatura pendiente en España. Según el diario La Vanguardia, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) se encuentra en mínimos históricos: se invierte un 92% menos que hace 10 años.
El principal problema que está frenando la construcción de este tipo de viviendas es el escaso presupuesto de la administración pública.
Expertos del sector inmobiliario como el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce, apuestan por una alianza entre sector público y privado para ampliar el parque de alquiler.