El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció durante su comparecencia en la comisión de su departamento que, antes del verano, llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa para regular los precios del alquiler en aquellas zonas en las que se hayan producido “subidas desorbitadas”.
La ejecución de esta medida, que estaba contemplada en el pacto de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, correrá a cargo de las comunidades autónomas y los municipios.
El ministro aseguró que contará con las entidades sociales, la Administración Pública y el sector privado para abordar esta cuestión.
Regular los precios del alquiler será temporal
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Francisco David Lucas Parrón, recientemente nombrado en el cargo tras la salida de Helena Beunza del ministerio, precisó que la regulación de los precios de alquiler será temporal.
Asimismo, apuntó que la decisión de aplicar la medida o de detenerla tras su aplicación dependerá, exclusivamente, de los gobiernos regionales y municipales.
Se trata de una medida ampliamente reclamada por los sectores sociales afectados por los precios de la vivienda.
Acciones de colaboración con el sector privado
El anuncio realizado por Ábalos, que también mencionó posibles acciones de colaboración con el sector privado para aumentar el parque de vivienda en alquiler en España, no ha gustado a los gobiernos regionales del PP.
De hecho, el responsable de vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, manifestó durante un acto organizado por el diario La Razón que el gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma que presente el ministro en los próximos meses.
Medidas en la regulación en los precios del alquiler en Cataluña
La misma postura ha adoptado el PP catalán respecto al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda promovido por la Generalitat y convalidados por el Parlament hace unas semanas.
En este caso, la norma contempla medidas en materia de ocupación de vivienda que han alarmado a los grandes propietarios que operan en Cataluña.
Ofrecer alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad
Esta norma, a la que todavía le queda recorrido parlamentario, obliga a los grandes propietarios (más de 15 viviendas en posesión) a ofrecer un alquiler social a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad acreditada que estuviesen ocupando su inmueble durante más de seis meses.
Esta premisa, según algunos profesionales del sector como la Asociación de Promotores de Cataluña o el Colegio de Abogados de Barcelona, podría fomentar la ocupación de viviendas en esta comunidad autónoma, al tiempo que vulnera los derechos de los propietarios.
No obstante, desde el Gobierno catalán han señalado que la medida no se aplicará en el caso de nuevas ocupaciones y que sólo afectará a las entidades financieras y grandes tenedores de vivienda.
Opiniones de los jueces ante el Decreto Ley
Algunos jueces, como los de Girona, tampoco se han mostrado convencidos respecto a la aplicación del decreto ley.
Su principal queja se debe al planteamiento que la norma hace sobre la paralización de las ejecuciones, ya que el texto indica que el desahucio debe pararse a la espera de que el propietario del inmueble ofrezca un alquiler social al ocupante que cumpla con los requisitos.
Sin embargo, según los jueces, esta premisa no puede cumplirse, ya que la ley estatal sobre ejecuciones prevalece sobre la normativa autonómica.
Está pendiente conocer la decisión de los jueces de Barcelona, que todavía no se han pronunciado al respecto.
Desde las plataformas sociales por el derecho a la vivienda han defendido que los jueces deben aplicar el decreto, ya que el derecho a la vivienda y la vulnerabilidad de las familias debe prevalecer en estos casos.