Durante los últimos meses, la propuesta de ley de vivienda en la que trabaja el Gobierno ha generado un intenso debate entre los partidos políticos y los expertos del sector inmobiliario.
Unos abogan por medidas intervencionistas, otros por el aumento de la oferta de vivienda; pero sea como fuere, hay un tema en concreto que genera una especial crispación entre ambas partes: la ocupación.
A pesar de que una parte importante de los partidos proponen el endurecimiento de las penas y una vía exprés para el desalojo de los ocupas, la actual situación provocada por la pandemia ha facilitado la aplicación de medidas de carácter social para favorecer a los colectivos más vulnerables, lo que en cierto modo ha favorecido a las personas que han ocupado una vivienda.
Los arrendadores se sienten desprotegidos ante la ocupación
Aunque estas políticas sean esenciales para una parte de la sociedad, la más vulnerable, no todos se sienten amparados por este tipo de leyes.
Según una última encuesta realizada entre 800 propietarios de vivienda por el portal inmobiliario Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler, el 65% de los dueños afirma que las acciones aprobadas durante el Estado de Alarma en materia de vivienda “no respetan la propiedad privada y supone una invitación a la ocupación”.
Asimismo, el 79% de los encuestados asegura sentirse desprotegido jurídicamente ante cualquier problema con su inquilino.
Pero, ¿cómo pueden reaccionar los propietarios ante una casa ocupada?
Lo primero es interponer una denuncia e iniciar acciones legales, que pueden ser por la vía penal o a través de una demanda civil.
En este último caso, se puede recurrir a la vía exprés para recuperar la posesión del inmueble en un plazo de cinco días si los ocupantes no aportan una justificación de la posesión de la vivienda.
En cualquier caso, siempre es necesario avisar a las autoridades o recurrir a la Policía, ya que si se decide actuar por cuenta propia se podría incurrir en un delito.
Zonas con más ocupaciones en España
Según los datos recogidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en agosto de 2020 habían registradas 7.450 ocupaciones en tan solo el primer trimestre de ese año.
Cataluña, la comunidad con más denuncias por ocupación
Cataluña es la comunidad autónoma con más denuncias por ocupación. En concreto, la zona más afectada es Barcelona, con 2.644 usurpaciones de vivienda y un porcentaje de viviendas ocupadas por cada 100.000 del 14,2%.
La ocupación en otras comunidades autónomas
Por su parte, la Comunidad de Madrid presentó en el mismo período 1.400 denuncias por ocupación; y en Andalucía se registraron casi 1.300 casos, aunque esta cifra supuso un ligero descenso con respecto a los datos de 2019.
Eso sí, cabe destacar que esta información no es un reflejo fiel de la problemática existente, ya que es posible que existan más casos que no hayan sido denunciados.
Algunas personas deciden no denunciar ante la lentitud de la justicia, otras optan por empresas especializadas en ‘desocupaciones’ y hay quienes pueden no ser conscientes de que su vivienda ha sido ocupada.
Nuevas estrategias para la ocupación y nuevas soluciones
Muchas personas que deciden ocupar una vivienda son conscientes de la lentitud de la justicia, por ello ingenian nuevas estrategias para ralentizar todavía más estos procesos.
Familias vulnerables con niños
Por ejemplo, en Cataluña se ha detectado que las mafias han comenzado a usar a familias vulnerables con niños, que usan como elemento de contención ante un desalojo.
Con la presencia de los menores, para realizar el desahucio habría que incluir a los servicios sociales y a la atención a la infancia, lo cual dificulta el proceso de desalojo.
La autodenuncia
Otra estrategia de las mafias para frenar el proceso de desocupación es el de la autodenuncia.
Es decir, que el propio ocupa se denuncie a sí mismo una vez está dentro de la vivienda.
Con esta acción, al haberse iniciado un proceso legal, se imposibilita automáticamente la opción de desahuciar por la vía rápida, por lo que todo se ralentiza.
Por ello, ante estas nuevas estrategias, los propietarios idean nuevas vías para evitar la ocupación.
Por ejemplo, la Comunidad de Madrid contratará un servicio externo de representación legal y defensa de la Agencia de Vivienda Social para reforzar la lucha contra la ocupación ilegal del parque de viviendas públicas de la región.