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El Gobierno aprueba el reparto de 1.631 millones para la rehabilitación de viviendas y edificios públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 1.631 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios públicos entre las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.

El importe se va a destinar a la ejecución de los programas de rehabilitación residencial y de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha indicado que la distribución, que deberá ser aprobada por la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, también permitirá la ejecución del programa de vivienda de alquiler social.

Según la Portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, esta aprobación conllevará:

“un cambio en la vida y la imagen de muchas ciudades, pequeñas y medianas”, además de contribuir a “mejorar notablemente la calidad de vida de los ciudadanos”.

Movilización de recursos para la rehabilitación de viviendas hasta el 2026

Mediante el acuerdo del Consejo de Ministros, se facilitará la aplicación de tres de los programas incluidos en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que movilizará inversiones por 6.820 millones de euros:

  • C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”.
  • C02.I02 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”.
  • C02.I05 “Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)” en la parte de la inversión correspondiente a CCAA.

Concretamente, desde este 2021, se podrá realizar el traspaso de 1.151 millones de euros del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales. Mientras que 480 millones de euros se destinarán al impulso a la rehabilitación de edificios públicos.

Estos recursos se emplearán hasta el año 2026. Y, en líneas generales, permitirán llevar a cabo medio millón de rehabilitaciones en viviendas, la construcción de 20.000 pisos de alquiler sostenibles mediante una partida de 1.000 millones de euros, la creación de más de 180.000 puestos de trabajo y una aportación de 13.500 millones de euros al PIB de España.

“El parque de vivienda antiguas está teniendo un coste muy importante para las familias españolas. Son acuerdos que van a mejorar la vida de la gente y que traerán la creación de empleos”, indica Portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez.

Reparto para la rehabilitación de viviendas y edificios públicos en el territorio español

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Entre las comunidades autónomas con mayores partidas para la rehabilitación de viviendas y edificios públicos de los programas C02.I01 y C02.I05, destaca Andalucía (285,5 millones en total), Cataluña (264,7 millones), la Comunidad de Madrid (229,7 millones) y La Comunidad Valenciana (175,6 millones).

Por otro lado, el reparto ha sido menor en Ceuta y Melilla (2,5 millones cada una), seguido de La Rioja (11,3 millones), Navarra (22,6 millones) y Extremadura (37,3 millones).

Conviene recordar que las autonomías podrán invertir estos fondos en sus respectivos ámbitos territoriales desde este mismo año.

448 millones para cubrir deducciones fiscales

Paralelamente, el plan del Mitma es destinar también 448 millones de euros para cubrir las deducciones fiscales, con incentivos de hasta el 60% por la inversión en la mejora de la eficiencia energética.

Para optar a estas deducciones, se tendrán que cumplir unos requisitos, como reducir al menos en un 30% el consumo de energías no renovables.

En cuanto a las ayudas, el Gobierno tiene previsto cubrir hasta el 80% de la obra de rehabilitación hasta un máximo de 19.200 euros por piso. Este aspecto supone que el presupuesto de la rehabilitación por vivienda podría llegar a los 24.000 euros.

Para las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas individuales, la subvención se quedará en el 40% del presupuesto, hasta alcanzar un máximo de 2.000 euros, por lo que podría llegar a un coste de 5.000 euros, a los que se podría añadir una desgravación fiscal que el Ejecutivo español está preparando actualmente.

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