A principios del mes de diciembre, diversas informaciones apuntaban a que el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobará un real decreto ley que suspenderá los desahucios de las personas que no tengan garantizado su realojo durante la pandemia.
Ahora, esta nueva medida está cada vez más cerca de formar parte de nuestra realidad, aunque está generando algunas reticencias por parte del sector inmobiliario.
Características del nuevo decreto ley antideshaucios
¿Qué diferencia hay entre este nuevo decreto que prepara el Gobierno y el anterior, que continúa vigente? La principal diferencia es que esta nueva medida que se anunciará próximamente amparará a todas las personas afectadas por cualquier tipo de vulnerabilidad, y no solo por la provocada por el coronavirus, como venía ocurriendo hasta ahora.
Otra de las características de este nuevo decreto es que tendrá vigencia hasta el final del estado de alarma, que se prevé que finalice en mayo de 2021. Así lo han acordado los negociadores de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de José Luis Ábalos.
También cabe destacar que esta nueva medida se aplicará solamente a aquellas personas que no tengan la posibilidad de realojarse en una vivienda digna. Por lo que, si las personas afectadas disponen de otra alternativa habitacional que se pueda considerar vivienda digna, podrán ser desahuciadas.
“Los servicios sociales serán los que certifiquen a través de un informe vinculante la situación de vulnerabilidad del afectado”, aseguran fuentes cercanas al Gobierno, “y las Comunidades Autónomas serán las encargadas de ofrecer la alternativa de vivienda digna”.
Detalles de última hora del decreto ley
Sin embargo, aunque el borrador de este decreto ley esté prácticamente cerrado, todavía se están ultimando los detalles más concretos para “darle una mayor seguridad jurídica”.
Y es que desde los ministerios de Asuntos Económicos y de Justicia, se ha pedido de revisar los detalles más técnicos para evitar demandas por daño patrimonial, con la posibilidad de ofrecer compensaciones económicas.
Este cambio beneficiaría principalmente a los grandes tenedores. Es decir, los propietarios con más de una decena de viviendas.
Es, precisamente, este aspecto el que está retrasando la aprobación del decreto. Ya que, en un inicio, el texto amparaba a las familias consideradas en situación vulnerable que residiesen de forma irregular en viviendas de grandes tenedores.
No obstante, este apartado no ha acabado de gustar a los ministros socialistas, que discrepan respecto a la figura de los grandes tenedores.
Los fondos temen por el efecto llamada a la okupación
Mientras el Gobierno finaliza los detalles de este nuevo decreto ley, los fondos están preocupados por las consecuencias que pueda acarrear la aprobación de esta nueva medida.
Aunque aseguran que se debe proteger a las personas que están en esta situación, consideran que “el nuevo decreto ley generará un efecto llamada de la okupación, ya que paralizará el desahucio de aquellas personas sin contrato de alquiler o título de propiedad que estén okupando un inmueble de un gran tenedor”, aseguran fuentes del sector al diario El Economista.
A este temor se le añade otro problema detectado por los fondos, y es que opinan que las administraciones regionales no podrán ejecutar el realojo de las familias en situación vulnerable.
“No hay suficientes viviendas públicas para ello y, por ende, dejarán desamparados a los propietarios frente al fenómeno de la okupación”, apuntan.
“Esta medida puede tener un efecto devastador en el mercado inmobiliario en un momento en el que se producen entre 40 y 50 ocupaciones al día”, afirman fuentes del sector.
De hecho, esta situación ya ha afectado a Cataluña con la aprobación de la medida que exige a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los okupas.
“Es una medida que frena la profesionalización y el desarrollo del sector”, señalan.