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El PP recurre ante el Constitucional los decretos de vivienda catalanes porque suponen una “indefensión del propietario frente a los okupas”

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, anunció hace unos días que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional los decretos-ley de vivienda que el gobierno de la Generalitat propuso y aprobó entre los meses de diciembre y marzo, ya que considera que suponen una “indefensión del propietario frente a los okupas”.

El paso que ha dado la formación ’popular’ no sorprende, puesto que ya entonces se había mostrado contraria a dichas normas.

El pasado diciembre, el Govern de la Generalitat aprobaba el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (17/2019). Un decreto que, convalidado por el Parlament catalán a inicios de 2020, tenía un triple objetivo: “combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas”, según la Generalitat.

Medidas para evitar okupas, el alquiler social

Esta norma, que, según el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, “da respuesta, no total pero sí firme y transversal, a las necesidades de la sociedad catalana”, establece que los grandes tenedores deberán ofrecer un alquiler social antes de demandar judicialmente a aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad, así como a aquellos que lleven más de seis meses ocupando una vivienda de forma irregular.

En enero, el Parlament de Catalunya aprobó otro Decreto (1/2020) que pretendía modificar la definición de “vivienda vacía” que se había establecido en el decreto de diciembre. Según este nuevo decreto, vivienda vacía es “aquella que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años”.

En su momento, esta norma, convalidada a principios de marzo por el Parlament, fue considerada inconstitucional por el Consell de Garantías Estatutàries (CGE).

El PP catalán recurre ante el Constitucional ante la situación de okupas

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Ahora, el PP catalán, de la mano de su presidente, Alejandro Fernández, ha recurrido estos decretos ante el Tribunal Constitucional. Según afirmaba Fernández esta semana al hacer pública la decisión de su partido, estas normas “defienden al okupa, persiguen al propietario y humillan a las familias humildes y honradas que esperan su vivienda social sin patadas en la puerta ni ocupar a nadie”.

Hace unos meses, el PP ya expresó su malestar con ambos decretos, aunque no ha sido hasta ahora, cuando la crisis sanitaria del coronavirus parece que está remitiendo, cuando han decidido hacerla efectiva ante el Constitucional.

La pasada semana, el partido catalán presentó este recurso al considerar estos decretos inconstitucionales porque “suponen un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos”.

 “Me ocuparon la casa en pleno confinamiento”

Precisamente estos días ha salido a la luz el caso de una persona que denunciaba en los medios de comunicación que le ocuparon la vivienda en pleno confinamiento, “mientras estaba trabajando como sanitaria”.

Tal como explica la afectada, su casa de Vic es su “única propiedad” y la puso a la venta hace tres meses, en cuanto supo que había conseguido plaza oficial en un centro sanitario de Reus, donde actualmente trabaja.

La mujer explica que, cuando estaba trabajando en Reus, en el momento de la emergencia sanitaria y en pleno confinamiento, le ocuparon la casa que tiene en Vic.

“Sólo necesitan 15 minutos para cambiar la cerradura”

“Los okupas solo necesitan 15 minutos para cambiar la cerradura, y en estos momentos ‘legalmente’ será su casa”, asegura la afectada. También explica que la vía legal para desalojarlos “tardará entre uno y dos años” y el desalojo exprés, “entre 3 o 4 meses”.

Según su testimonio, en su caso, además, no se trata de una familia en situación de vulnerabilidad puesto que los okupas mismos le dijeron que “ellos no tenían problemas de dinero pero que querían una casa”.

“Me he sentido abandonada por instituciones, policía y justicia”, lamenta la afectada por esta ocupación ilegal.

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