Tras el acuerdo al que el Gobierno de coalición llegó el 14 de abril con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para la introducción de cambios significativos en la Ley de Vivienda, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha aprobado recientemente el informe de Ponencia de la Ley de Vivienda, con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, en contra del PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria y la abstención de PNV.
De este modo, el dictamen de la comisión se elevará próximamente al Pleno del Congreso con el objetivo de enviarla de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, tal y como apunta Europa Press.
Cambios en la Ley de Vivienda
A continuación, se ofrecen algunas de las claves más destacadas de la nueva Ley de Vivienda:
Tope a la revisión de rentas de los alquileres
El nuevo texto mantiene el tope a la subida en la renovación del alquiler en un 2% hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, a lo largo de 2023, aumentará al 3% y, a partir de 2025, se utilizará como referencia para los contratos de alquiler un nuevo índice de renta elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En este sentido, Pilar Vallugera, Regidora y portavoz de ERC, y Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, aseguraron que este cambio se ha introducido “con la finalidad de que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que tope los aumentos de la renta por la renovación anual”.
Asimismo, según publica idealista, el Instituto Nacional de Estadística (INE) definirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda antes del 31 de diciembre del 2024 con el fin de evitar incrementos desproporcionados en la renta.
Reducción de las condiciones para la declaración de zonas tensionadas
Las áreas tensionadas son aquellas donde los alquileres aumentan significativamente.
En concreto, tienen que cumplir dos condiciones: “que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares” y “que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada”, tal y como apunta el eldiario.es.
Ampliación de la definición de gran propietario
Dentro de las zonas tensionadas, el nuevo texto incluye la disminución del número de viviendas necesarias para ser considerado como gran tenedor, ya sean personas físicas o jurídicas.
Así, los propietarios que posean 5 o más inmuebles en área tensionada, se considerarán grandes tenedores.
Hay que tener en cuenta que son las CCAA, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, las que tienen que declarar estas zonas tensionadas.
De este modo, en las zonas tensionadas, los precios máximos dependerán de si es un pequeño o gran propietario.
Para los propietarios particulares, se aplicará una subida máxima del 2% en 2023, del 3% en 2024 y un nuevo índice a partir de 2025, basado en la indexación a la renta anterior.
Sin embargo, para los grandes tenedores, se adaptará un índice de precios máximo que dependerá de cada comunidad autónoma y que no podrá ser superado.
Para asegurar la aplicación de la Ley, se han eliminado las cláusulas que permitían a las partes evitar su cumplimiento mediante acuerdos privados.
Asimismo, se ha prohibido aumentar el precio del alquiler mediante nuevos gastos imprevistos, como cargos de comunidad, tasas de basura u otros gastos no acordados previamente con los inquilinos.
¿Qué se mantiene en la Ley de Vivienda?
Impuestos a la vivienda vacía
Para incentivar la salida de más unidades al mercado de alquiler, el Gobierno permitirá a los Ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en casos de viviendas vacías.
Parque público de alquiler
Paralelamente, también se apostará por el parque público de alquiler.
Las nuevas promociones de obra nueva deberán establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida (VPO).
De ese porcentaje, la mitad se deberá destinar a alquiler social.