En España, la llegada de plataformas de alquiler vacacional revolucionó la industria turística y las preferencias de los viajeros. 15 años más tarde, el número de plazas disponibles en pisos turísticos es equiparable a la oferta de los hoteles, llegando incluso a superarla en algunas localidades españolas.
Así lo certifica el Informe de Perspectivas Turísticasde Exceltur que concluye que entre las 25 principales ciudades españolas, existen 11 localidades en las que la oferta de viviendas de uso turístico ya supera la hotelera.
La vivienda turística, una opción al alza
En los últimos años, este nuevo modelo de alojamiento turístico ha experimentado un crecimiento extraordinario, que se refleja de forma clara a través de las estadísticas que recoge la patronal del sector en el citado informe.
Teniendo en cuenta los datos del mes de agosto de 2024, las plazas en hoteles se incrementaron en un 1,6% en un año, alcanzando las 420.736.
Por su parte, la oferta en viviendas turísticas creció en un 16,6% tras sumar 55.295 plazas en 12 meses, acumulando un total de 388.453 plazas. Esta cifra permite hacerse a la idea del pequeño margen existente entre la oferta de ambos modelos y de la gran diferencia entre sus ritmos de crecimiento.
El “desbordante y descontrolado” crecimiento protagonizado por las viviendas de uso turístico, así es como lo califican desde Exceltur, lleva años comportando consecuencias para los vecinos que viven en las zonas en cuestión.
Estos denuncian que este tipo de alojamientos está encareciendo la vivienda en sus ciudades, deteriorando la convivencia y promoviendo la expulsión de los residentes.
¿Qué medidas se han ejecutado para un mayor control del mercado de las viviendas turísticas?
Ante el malestar que han mostrado muchos ciudadanos, numerosos ayuntamientos han decidido regular y limitar la presencia de los pisos turísticos en sus regiones.
En primer lugar, cabe recordar que la normativa que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico en España es competencia de las comunidades autónomas y de los propios ayuntamientos, lo que implica que cada región tiene su propia legislación y requisitos.
Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias concentran el 70% de la vivienda turística en España y, en este contexto, ya son múltiples las medidas que se han aplicado desde estas comunidades autónomas y sus municipios para la regulación del sector, según apunta el medio El Economista.
Viviendas turísticas en Andalucía
En Andalucía, por ejemplo, la Junta aprobó en enero un decreto que faculta a los ayuntamientos a limitar el número máximo de pisos turísticos por edificio o sector. En este sentido, Málaga anunció el pasado mes de octubre que prohibirá la apertura de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad, donde las viviendas de uso turístico ya representan más del 8% del parque residencial. En otros 328 barrios, solo se permitirán aquellas que dispongan de servicios y acceso independientes.
Viviendas turísticas en Comunidad Valenciana
En mayo, el Ayuntamiento de Valencia aprobó por un año la suspensión de licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios ybajos comerciales, una moratoria que ya se aplica en el centro histórico y que se extenderá a casi toda la ciudad.
Viviendas turísticas en Cataluña
Por otro lado, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, anunció en junio que convertirá en viviendas residenciales los 10.101 inmuebles turísticos legales que hay actualmente en la ciudad. Todas las licencias se revocarán en noviembre de 2028 y a partir de 2029 no existirá ningún inmueble con este uso.
A nivel autonómico, el Parlament de Cataluña validó en diciembre de 2023 un decreto ley que regula las viviendas de uso turístico, que recogía que los municipios deben modificar su planeamiento urbanístico para recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando tener suficiente suelo para vivienda permanente y fijando la ratio de VUT por vivienda que consideren adecuada.
Viviendas turísticas en Canarias
En otra línea, el Gobierno canario está trabajando en una Ley de Vivienda Vacacional que prevé aprobar en 2025 y que impondrá, entre otros límites, que la vivienda vacacional no pueda superar el 10% de la edificabilidad residencial de cada isla (salvo en El Hierro, La Gomera y La Palma, donde el tope sube al 20%).