La reciente propuesta de reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, impulsada por el Gobierno en marzo de 2024, aún no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.
Los socios habituales del Gobierno de coalición se resisten a respaldar la iniciativa que busca simplificar los trámites de los planes urbanísticos, una demanda habitual de promotores y constructores.
Es lo que explica un artículo de La Vanguardia, que también asegura que las esperanzas del sector privado respecto a este asunto están depositadas en que sea finalmente el Partido Popular quien apruebe la norma negociando algunos cambios.
Los populares, por ahora, están considerando una serie de enmiendas o incluso la presentación de una nueva ley.
No descartan dar apoyo a la normativa, pero exigen una reforma “más flexible y ambiciosa”, que dote a ayuntamientos y promotores de “mayor seguridad”, para lo que piden modificar también la ley de jurisdicción contencioso-administrativa.
Los promotores apuestan por “medidas encaminadas a incrementar la oferta de suelo urbanizable para frenar la actual escalada de precios”.
La Ley de Suelo y Eduard Mendiluce
Eduard Mendiluce, consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, remarca algunas medidas concretas que pueden ser útiles, como “el silencio administrativo positivo en algunos procesos de gestión de vivienda libre o la puesta en marcha de la declaración responsable del promotor para agilizar el desarrollo de proyectos inmobiliarios”.
Después de aprobar su reactivación el pasado 26 de marzo (el anteproyecto de ley de la anterior legislatura quedó en suspenso por el adelanto electoral), ahora desde el Ministerio de Vivienda se expresa preocupación por el bloqueo de la reforma.
Y es que, aparte de las enmiendas a la totalidad presentadas por Esquerra Republicana, Junts y Podemos, en la propia coalición de gobierno también hay fisuras al respecto. Sumar, por su parte, quiere modificar la norma.
Parálisis por la campaña electoral: el sector inmobiliario pide a las administraciones colaboración público-privada
La aprobación de la Ley de Suelo, así como otras iniciativas legislativas, se han visto paralizadas por el calendario de comicios en España y sus respectivas campañas electorales en Galicia, País Vasco, Cataluña y, próximamente, las elecciones europeas.
Aun así, desde el sector inmobiliario se siguen lanzando peticiones a las administraciones y propuestas para solucionar los problemas de vivienda. En el contexto de las elecciones catalanas celebradas el pasado 12 de mayo, una noticia de Europa Press recogía las declaraciones de diferentes representantes del sector para saber qué esperaban en la próxima legislatura del Govern.
Aumentar la oferta de vivienda
Entre las demandas más compartidas se hallan: aumentar la oferta de vivienda disponible, dar seguridad jurídica y afrontar las ocupaciones.
En este sentido, Mendiluce pide más oferta y dar acceso a la vivienda a los más vulnerables. El CEO de Anticipa–Aliseda plantea una relación estable y acuerdos público-privados. Además, pide a la Administración:
un programa de incentivo de alquiler a largo plazo para dueños de vivienda vacía y un programa de concesión a 75 años sobre suelo privado para alquiler asequible con reversión a la Administración a cambio de un arrendamiento mínimo garantizado.
Eduard Mendiluce – CEO de Anticipa-Aliseda
No a las medidas intervencionistas
Asimismo, su idea es dejar de lado las “medidas intervencionistas”, como los controles de precios de la Ley de Vivienda, y seguir las recomendaciones del FMI y del Banco de España que consideran prioritarias las políticas centradas en fomentar la oferta.
En cuanto a la ocupación, el directivo ve a Catalunya como “una anomalía europea obligando a alquileres sociales para “personas que no han acreditado debidamente su vulnerabilidad”. También plantea colaboración público-privada para regularizar la situación de familias vulnerables que ocupen un piso.
La Ley de Suelo y la inversión pública
Por su lado, Helena Beunza, presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), prioriza aumentar la oferta, sobre todo en régimen social y asequible. Del mismo modo, pide más inversión pública y programas de colaboración público-privada “a través de los cuales se movilice vivienda ya existente”, así como suelo privado para ampliar el parque.
Según Beunza, existe una sobrerregulación que es causa de los problemas de acceso a la vivienda.