Hace poco más de un mes, en Actualidad Inmobiliaria, hablamos sobre el nuevo decreto ley que estaba llevando a cabo el Consejo de Ministros español para suspender los desahucios de personas que no tengan garantizado su realojo durante la pandemia.
Ahora, el Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos; y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias; vuelven a estar en el punto de mira por otra propuesta de ley que afecta de lleno al sector inmobiliario y que ha vuelto a generar polémica: la ley de vivienda.
En esta ocasión, la limitación de los precios del alquiler por parte de las comunidades autónomas, así como la propuesta de Pablo Iglesias de prohibir permanente de los desahucios sin alternativa habitacional, son algunos de los temas que están generando desencuentros dentro del propio Gobierno y entre este y los expertos del sector.
En este post, vamos a desgranar los distintos puntos de vista de cada parte y cuáles son la soluciones que proponen para esta nueva ley.
Ley de vivienda: política de intervención de precios
Tal y como se ha mencionado en el anterior párrafo, uno de los temas que está sobre la mesa es la limitación de los precios del alquiler por parte de las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos.
Esta no es una medida novedosa, dado que ya se encuentra presente en ciertos lugares de nuestro país, como en Cataluña, con la ley de contención de rentas aprobada en septiembre de 2020. Sin embargo, no deja de ser una medida polémica que genera controversia.
Desde el PSOE consideran que esta propuesta no debe ser una imposición generalizada, sino que debe entenderse como una referencia de sistema de indicadores según la cual cada ayuntamiento y autonomía deciden si aplicarlo o no.
Asimismo, los socialistas prefieren incentivar con desgravaciones fiscales la puesta en arrendamiento de las viviendas vacías, y apostar por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.
Apoyo de Unidas Podemos de la intervención pública de precios
Por su parte, Unidas Podemos apoya la regulación y la intervención pública de los precios, al tiempo que rechaza la “política del ladrillo”, ya que, a su juicio, es ahí donde reside el origen de los problemas de acceso a una vivienda asequible en España.
Además, el partido liderado por Pablo Iglesias recuerda que en otros estados europeos ya se ha llevado a cabo una política similar que no ha tenido resultado.
“El Programa de Arrendamiento Accesible portugués fracasó y poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres”.
Unidas Podemos
Entretanto, los expertos del sector inmobiliario discrepan de ambos partidos en el Gobierno y muestran su preocupación e incertidumbre ante la situación.
Mientras que promotores y empresas gestoras destacan el fracaso de la política de intervención de precios en otros países europeos como Francia y Alemania, también se muestran contrarios a la posición de Unidas Podemos respecto a la ocupación de vivienda, ya que consideran que podría vulnerar al derecho de la propiedad privada.
A pesar de ello, cabe destacar que los promotores apoyan la opción del partido socialista de ampliar el parque público de alquiler.
“Apostamos por recuperar las políticas de fomento de la promoción de vivienda de protección oficial con planes estatales cuya periodicidad no se ciña al escaso margen de tan solo cuatro años”
Daniel Cuervo – Secretario General de la Asociación de Promotores y Constructores de España
Los desahucios continúan en el punto de mira en la nueva Ley de Vivienda
Por otro lado, cuando parecía que los desahucios habían quedado zanjados, han vuelto al centro de la polémica con la última propuesta de Unidas Podemos para incluir en la ley de vivienda: prohibir permanentemente los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable.
Se trata de una medida que ahora está en vigor hasta que dure el actual estado de alarma, pero que la formación morada quiere introducir en la nueva normativa para “blindar automáticamente” dicha protección para el colectivo vulnerable.
“Estas medidas propuestas son indispensables para garantizar la protección social y evitar que se produzcan situaciones de desprotección de familias vulnerables”, aseguran desde la formación.
¿Provocará la Ley de Viviendas ocupaciones ilegales?
No obstante, desde el sector inmobiliario insisten en el efecto llamada a la ocupación ilegal que se podría provocar con esta medida y que ya ha comenzado con el nuevo decreto ley antidesahucios.
“Proporcionar derechos sociales a los ocupantes ilegales debilita la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas”, aseguran desde la agencia de calificación Moody’s, “de hecho, las propiedades inmobiliarias de la banca tienden a tener altos niveles de ocupación ilegal, alrededor del 5%-10%”.
Sin embargo, a pesar de las discrepancias que surjan durante estos días, habrá que esperar hasta mediados de febrero para que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley y, posteriormente, se debata y se decida su aprobación en el Congreso de los Diputados a principios de marzo.